La Unión Vecinal Bancalari alertan por agresiones a vehículos con piedras en el tramo que va desde la rotonda de la Ruta 202 hasta el puente sobre el Río Reconquista. Señalan alambrados rotos, luminarias fuera de servicio, falta de poda y demarcación vial, y hablan de una “tragedia anunciada” si no hay intervención inmediata.
El reclamo se concentra en unos 800 metros del Corredor Bancalari, donde conviven dos líneas ferroviarias: el Mitre (ramal Tigre), que corre en paralelo a la traza, y el Belgrano Norte, cuyo viaducto cruza por arriba del corredor. Según testimonios de frentistas, en ese sector menores arrojan piedras desde el terraplén y zonas linderas a los autos en circulación, con parabrisas estallados, heridos y daños materiales como saldo. “Se convirtió en una tierra de nadie; estamos esperando que ocurra una tragedia para que las autoridades reaccionen”, advierten.
Además de la inseguridad, los vecinos describen un deterioro sostenido de la infraestructura: alambrados perimetrales rotos que permiten accesos no autorizados; luminarias apagadas que vuelven la zona una “boca de lobo”; vegetación sin poda que bloquea la visibilidad y dificulta el monitoreo; falta de señalización y demarcación de carriles; divisores centrales dañados; pavimento con baches y desniveles; cartelería publicitaria descontrolada y sendas peatonales en riesgo. También cuestionan la escasa presencia policial en la posta del sector.
“Los ataques con piedras no son un juego: pueden provocar pérdida de control, choques múltiples, lesiones graves o muerte”, remarcan. En esa línea, piden una intervención inmediata que incluya patrullaje permanente, control de accesos al área ferroviaria, vallado integral coordinado con Mitre y Belgrano Norte, iluminación plena, poda y limpieza, señalización y pintura de carriles, reparación del pavimento y separadores, y un plan social y educativo focalizado en los menores involucrados.
Desde la Unión Vecinal Bancalari señalan que vienen trabajando el tema de manera sostenida, articulando reclamos y pedidos formales ante los municipios, fuerzas de seguridad y autoridades ferroviarias, y solicitando un plan con plazos definidos, que priorice en no más de 60 días las medidas críticas de seguridad, con comunicación pública sobre cada etapa. “No podemos esperar a que muera alguien para hacer lo que debió hacerse hace años”, cierran.
