El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro ordenó la suspensión inmediata de la obra que pretendía levantar torres en el barrio La Bota, en Benavídez. La medida cautelar fue dictada tras un amparo ambiental presentado por vecinos que denunciaron la tala de árboles y la falta de estudios de impacto ambiental.
La resolución judicial, firmada por el juez Marcelo Mauro Gradín, dispuso detener toda actividad de construcción, movimiento de suelo, tala o alteración del terreno en el predio ubicado en la intersección de las calles Chubut y La Bota. El emprendimiento —denominado “Innova Natural de la Bota 825”— proyectaba la construcción de 48 unidades residenciales y 70 cocheras, en una zona categorizada como residencial unifamiliar de baja densidad (R1).
El fallo señaló la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental y la omisión del proceso de participación ciudadana, exigidos por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Además, el magistrado subrayó que la autorización municipal “fue otorgada sin cumplir los pasos ambientales obligatorios” y que el daño ocasionado por la tala de árboles añosos es “grave e irreversible”.
El pedido fue impulsado por veinte vecinos de La Bota, encabezados por Gonzalo Clariá, quienes denunciaron que el emprendimiento ponía en riesgo el ecosistema del lugar, considerado un corredor biológico con presencia de flora y fauna autóctona. El juez coincidió en que “la suspensión temporal no afecta el interés público, sino que lo protege”, priorizando la preservación ambiental y la calidad de vida de los vecinos.
El dirigente Sebastián Rovira celebró el fallo y destacó la importancia del compromiso ciudadano: “Hoy frenamos una torre, pero necesitamos un Municipio que piense en la gente y proteja lo que hace único a Tigre. Porque una vez que se pierde esto, no hay vuelta atrás”, señaló.
Rovira remarcó que lo ocurrido en La Bota “no es un hecho aislado”, sino parte de una problemática más amplia: la falta de planificación urbana y la habilitación de proyectos sin estudios ambientales rigurosos. “La Justicia escuchó a los vecinos; ahora el desafío es que el Municipio también lo haga”, concluyó.
