La Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe la castración química de carpinchos y ordena la suspensión de toda obra o actividad que pueda alterar los humedales y la fauna silvestre en Nordelta. También impide las fumigaciones, lo que generó preocupación entre los vecinos por su impacto en la prevención del dengue.
El fallo fue emitido por el juez Guillermo Daniel Ottaviano, del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 13 de San Isidro, en el marco de una presentación realizada por vecinos, conformada por vecinos de Nordelta y barrios aledaños. La medida surge tras denuncias por la pérdida del hábitat natural de esta especie debido al avance urbano y por la muerte de al menos 46 ejemplares en los últimos meses, según detalló el grupo denunciante.
La resolución judicial dispone tres medidas principales:
- Suspensión inmediata de toda obra o actividad que altere, dañe o destruya los humedales y la fauna silvestre en la zona.
- Prohibición de aplicar castración química mediante inyecciones anticonceptivas o cualquier otro método de control que afecte a la población de carpinchos.
- Prohibición de realizar fumigaciones en el área de humedales del Delta del Paraná.
Fuentes allegadas a la causa indicaron que el juez Ottaviano se recusó tras dictar el fallo, por lo que la causa quedó sin juez designado y fue derivada al fuero Contencioso Administrativo. En tanto, Nordelta aún no fue formalmente notificada de la resolución.
El texto del fallo genera interpretaciones diversas, ya que no especifica qué tipo de obras están alcanzadas por la suspensión. Por ejemplo, no queda claro si los trabajos particulares de construcción de viviendas quedarían incluidos.
Además, la prohibición de fumigaciones encendió la preocupación entre los vecinos, dado que es la principal herramienta para prevenir el dengue. El año pasado, Nordelta registró un récord histórico de operativos en distintos barrios para combatir el mosquito transmisor.
Los vecinos reiteraron su pedido de un plan integral de conservación que contemple la creación de corredores biológicos, zonas de resguardo, censos poblacionales y un centro de rescate y asistencia para la fauna local.
La causa ahora deberá ser analizada por el nuevo juzgado competente, mientras continúa el debate entre ambientalistas, autoridades y vecinos sobre cómo compatibilizar el desarrollo urbano con la preservación del ecosistema del humedal.
