Cansados de los accidentes viales, los ataques a personas y mascotas, y los destrozos constantes en sus jardines, un grupo de vecinos de Nordelta decidió avanzar judicialmente contra la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, a quienes consideran responsables por permitir la superpoblación de carpinchos en el barrio.
La demanda, iniciada en 2023, es por recomposición ambiental y plantea una problemática que ya dejó de ser solo una molestia paisajística. “Nos cansamos de que se minimice el tema. Tenemos agresiones registradas cada dos semanas, accidentes con lesiones, animales muertos, y jardines destruidos”, explican los denunciantes, quienes sostienen que la situación se volvió insostenible.
Según relatan, la acción judicial fue el único camino posible luego de años de inacción por parte de la Administración de Nordelta (AVN) y del Municipio de Tigre, que repetían que “tenían las manos atadas por Flora y Fauna”. Tampoco les aceptaban denuncias en comisarías ni fiscalías. Ante eso, decidieron organizarse: reunieron aportes entre 75 vecinos, contrataron representación legal y llevaron el caso a la justicia.
Gracias al juicio, en el que están patrocinados por la vecina y abogada Dra. Adriana Montello, y acompañados por una mesa chica formada por Marian Bajos, Estela Giovo y el Ing. Gustavo Iglesias, se logró visibilizar el conflicto a nivel institucional. El planteo es claro: retirar al menos el 50% de los ejemplares, aplicar vasectomía a los machos como método de control poblacional y eliminar el estatus de especie protegida en este contexto urbano artificial, sin depredadores ni equilibrio ecológico.
Si bien la Dirección de Flora y Fauna implementó recientemente una primera etapa de vasectomías, los vecinos consideran que las medidas fueron “insuficientes, tardías y mal ejecutadas”. “Vacunar a algunos carpinchos y volver a atraparlos para una segunda dosis es impracticable si no hay una política integral que aborde la dimensión del problema”, cuestionan.
En la primera audiencia del proceso, la jueza interviniente —que accedió a tratar el caso por vía ambiental— fue tajante: “Esto no puede seguir así”, expresó, dejando claro que el Estado provincial contaba desde hacía al menos seis años con estudios científicos que advertían sobre este escenario. El mensaje fue interpretado por los vecinos como un ultimátum: se necesitan decisiones urgentes, no paliativos.
Actualmente, la causa sigue en etapa de producción de pruebas, con la expectativa de una nueva audiencia. En ella, esperan que los organismos citados —AVN, la Municipalidad de Tigre y Nordelta SA— asuman su responsabilidad y actúen de manera coordinada para dar una solución concreta. “Lo que pedimos es poder vivir sin la amenaza de que nuestros hijos, nietos o mascotas sean atacados por esta especie. El problema ya no es solo de Nordelta: afecta a todo Tigre y ya llegó también a San Isidro”, advierten los vecinos.
