Un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro ordenó suspender la aprobación de nuevos desarrollos inmobiliarios en altura por hasta seis meses, mientras se actualiza la normativa urbana. El Municipio rechazó la decisión por considerar que afecta el empleo y avanza sobre atribuciones locales de planificación.
La resolución judicial surgió a partir del amparo ambiental presentado por la organización Compromiso Urbano y establece que no podrán otorgarse nuevas viabilidades urbanísticas ni permisos de obra para edificaciones que superen los 9 metros o dos pisos, salvo aquellas ya aprobadas o en ejecución. Según el fallo, el Código de Zonificación vigente —con casi tres décadas de antigüedad— no refleja la realidad actual del distrito y requiere una revisión integral.
La medida coincide con el proceso político impulsado por el concejal electo Sebastián Rovira, referente de Fuerza Patria, quien en los últimos meses expuso expedientes, denunció falta de planificación y reunió a vecinos y especialistas para debatir el avance de los emprendimientos en altura. “En Tigre no estamos en contra del crecimiento. Queremos una ciudad que se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida. Pero si ese crecimiento hace que colapsen los servicios, que el tránsito sea intransitable o que los jóvenes no puedan alquilar, entonces no es desarrollo: es negocio para unos pocos”, expresó. Y agregó: “Este fallo es un primer paso importante. Ahora necesitamos un nuevo Código Urbano con reglas claras, participación y planificación real para el futuro de Tigre”.
Según la presentación de la ONG, el Municipio estaba próximo a aprobar más de un centenar de proyectos sin estudios actualizados sobre su impacto urbano, ambiental y social. Vecinos y urbanistas señalaron saturación del tránsito, presión sobre cloacas y servicios, y pérdida de identidad barrial.
Tras conocerse la resolución, el Ejecutivo municipal emitió un comunicado manifestando su preocupación. Consideró que la suspensión afecta de manera directa la inversión y los puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, uno de los principales motores del comercio local y de la actividad económica del distrito. Advirtió además que la justicia estaría avanzando sobre facultades propias de los gobiernos locales en materia de ordenamiento territorial.
El Municipio recordó que el crecimiento urbano de las últimas décadas permitió la llegada de nuevas familias e inversiones, consolidando a Tigre como uno de los polos de mayor desarrollo de la provincia. También subrayó que se encuentra en análisis del Concejo Deliberante un proyecto de nuevo perfil urbano con limitaciones de altura diferenciadas por zonas, orientado a alcanzar un modelo equilibrado de densidad, ambiente y actividad económica.
En su comunicado, el Gobierno local destacó la continuidad de obras estratégicas para mejorar la movilidad, como nuevos pavimentos y la intervención proyectada para el Camino Bancalari–Benavídez. Además, señaló que la coordinación entre Nación, Provincia y Municipio es central para fortalecer el transporte público automotor y ferroviario, considerado clave para reducir la congestión vehicular.
La decisión judicial abre una nueva etapa en el debate legislativo sobre las reglas de crecimiento urbano en Tigre. Mientras el Concejo Deliberante avanza en la actualización del marco normativo, el fallo marca un límite institucional al proceso de habilitaciones, y la respuesta del Municipio plantea el desafío de compatibilizar desarrollo, planeamiento y empleo en un distrito en plena expansión.
