Un proyecto presentado en el Senado bonaerense busca que los nuevos barrios privados ubicados en humedales y áreas de fauna nativa incorporen corredores biológicos y cruces seguros para animales. Para las urbanizaciones existentes, como las de Nordelta y su entorno, plantea un régimen de adhesión voluntaria, con planes de manejo financiados por los privados y posibles beneficios impositivos.
La iniciativa del senador Carlos Kikuchi, de Unión y Libertad, propone abordar la convivencia con la fauna desde el diseño de los desarrollos inmobiliarios. El alcance comprende urbanizaciones cerradas, clubes de campo y emprendimientos similares situados en humedales, corredores biológicos o zonas donde habitan naturalmente especies silvestres.
Se trata de un proyecto de ley: sus disposiciones todavía no constituyen nuevas obligaciones vigentes. La diferencia principal del planteo está entre los barrios que se construyan y aquellos que ya funcionan.
Para los nuevos emprendimientos, la infraestructura de protección de fauna sería una condición para obtener la Declaración de Impacto Ambiental. Esto obligaría a contemplar la circulación y los espacios de los animales desde la planificación.
El texto establece la creación de corredores biológicos conectados entre sí, con vegetación nativa y sectores de alimentación y refugio separados de las áreas residenciales. También contempla pasos subterráneos o elevados en las calles internas que atraviesen recorridos de fauna, acompañados por reductores físicos de velocidad.
En los barrios ya construidos, la propuesta es diferente. Los consorcios o asociaciones civiles podrían adherir a un régimen voluntario y presentar un Plan de Manejo Integral ante la autoridad provincial.
Esos planes permitirían organizar intervenciones según las características de cada predio: barreras que no lastimen a los animales, cerramientos para evitar su ingreso a lotes particulares, modificaciones en las calles y construcción de pasos de fauna.
También podrían contemplar control reproductivo no letal, con procedimientos realizados por veterinarios matriculados y supervisión de especialistas en biología. Estas intervenciones requerirían un plan aprobado; la propuesta no plantea que cada propietario pueda actuar por su cuenta.
El proyecto prohíbe la caza, la eliminación mediante métodos letales y las relocalizaciones masivas que comprometan la supervivencia de las especies. Como última alternativa, prevé traslados selectivos y excepcionales de ejemplares que representen un peligro inminente para las personas o para sí mismos, bajo control provincial y con destino a reservas naturales.
La discusión tiene un vínculo directo con Nordelta, donde la convivencia con los carpinchos forma parte de la vida cotidiana. Entre los fundamentos, Kikuchi cuestiona las respuestas basadas únicamente en retirar animales y plantea modificar las condiciones que generan los conflictos.
Los costos de las obras, su mantenimiento y los programas de manejo quedarían a cargo de las desarrolladoras, los consorcios o las asociaciones vecinales, según corresponda. La iniciativa no prevé financiamiento provincial directo para esas intervenciones dentro de predios privados.
Como incentivo para los barrios existentes, propone habilitar bonificaciones de hasta el 15% en el Impuesto Inmobiliario para los lotes de urbanizaciones que acrediten la ejecución de las obras y los planes previstos. El beneficio no sería automático: sus condiciones y duración dependerían de la reglamentación.
Para los vecinos, la distinción es concreta: mientras los futuros desarrollos tendrían que incorporar estas medidas para obtener su autorización ambiental, los barrios actuales decidirían si se suman al régimen. El proyecto abre así una discusión sobre cómo organizar y financiar la convivencia con la fauna en las urbanizaciones bonaerenses.
